Muchas veces se escuchan críticas sobre la supuesta distancia que existe entre los escritores e intelectuales y el pueblo. Se alude a que quienes viven de las letras se mantienen encerrados en un microclima que poco tiene que ver con lo que sufren los trabajadores, los estudiantes y el resto de la sociedad en el día a día.
Existen, sin embargo, muchas pruebas que desmienten estas calificaciones. Ayer, en Rusia, tuvimos otra demostración de que hay escritores comprometidos con sus comunidades que tienen un gran poder en sus manos para impulsar cambios.
Liudmila Ulítskaya, Borís Akunin, Dmitri Glujovsky, Alexandr Projánov, Dmitri Bykov, Yevgueni Bunimóvich y Lev Rubinstein fueron algunos de los autores que se pusieron al frente de una marcha que convocó a entre 2.000 y 15.000 personas en Moscú, según las estimaciones de las autoridades o de los organizadores. Se trata de escritores muy populares en Rusia, que han sido traducidos a varios idiomas y cuyos libros se consiguen en gran parte del mundo.
La manifestación surgió en respuesta a la represión que el Gobierno ruso puso en marcha un día antes de la toma de posesión de Vladimir Putin, el presidente que asumió el pasado lunes 7 su tercer mandato. La decisión de los gobernantes derivó en unas quinientas detenciones, estima El Universal.
Para evitar nuevos castigos, los escritores convocaron a un «paseo» y no a una protesta política. Se propusieron, de este modo, comprobar si es posible caminar con libertad por las calles de Moscú sin contar con una autorización explícita del Gobierno.
Los monumentos a escritores como Abay Kunanbayuli, Alexandr Pushkin y Alexandr Griboyédov fueron puntos neurálgicos de la convocatoria, de acuerdo a lo informado por El País, lo que demuestra el valor simbólico de la literatura y de la palabra para este movimiento social.
Podría considerarse que la caminata fue un éxito, ya que convocó a miles de personas, obtuvo repercusión internacional y finalizó sin incidentes. El desafío para Ulítskaya, Akunin y el resto de los escritores convocantes es lograr ahora un cambio real. Para esto deberán enfrentar varias iniciativas represivas, como un proyecto de ley que planea incrementar las multas a las manifestaciones que se realicen sin autorización de las autoridades hasta los 25.000 euros.
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