Hace unos días terminaba de leer el último libro de Pablo Stefanoni, Un fantasma recorre el mundo, en el que analiza el funcionamiento de los aparatos de poder reaccionarios y antidemocráticos de las posderechas en la Argentina y en todo el planeta, mientras en España se desataba una crisis política y social de consecuencias aún indeterminables, con epicentro en el acceso a la vivienda.
Me resultó especialmente convocante profundizar en el tema, ya que se trata de uno de los países europeos con mayores regulaciones del mercado inmobiliario. Su Constitución contiene mandatos de avanzada: regular el suelo “para impedir la especulación”, garantizar el derecho a “una vivienda digna y adecuada” y hacer participar a la comunidad “en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos”. Cuenta, además, con leyes estatales y de las 17 comunidades autónomas que establecen principios, marcos de actuación y herramientas para un desarrollo urbano planificado y equidistributivo, entre ellas la reserva de un porcentaje del suelo residencial de las nuevas actuaciones para vivienda de precio protegido.
A pesar de todo ello, los números muestran otra realidad. Uno de cada cinco hogares españoles (20,2 %) vive hoy de alquiler, mientras la propiedad cae al 73,3 %, el nivel más bajo desde 2004; entre los jóvenes, los inquilinos ya son el 55 %. Quien hoy sale a buscar un alquiler debe destinar el 36 % de los ingresos netos de su hogar, y hasta el 45 % en Barcelona o el 39 % en Madrid.
En ese contexto, el caso “Maricarmen” desnudó una forma de habitar España que conduce a la frustración y la insatisfacción de sus ciudadanos. El presidente Pedro Sánchez respondió con dos reales decretos-leyes de emergencia, uno sobre desahucios y vivienda asequible y otro sobre estabilidad de los alquileres, que el Congreso rechazó por 178 votos contra 172 y que lo empujaron a convocar elecciones anticipadas.
La crisis de la vivienda golpea también nuestras puertas, y con datos tan o más preocupantes. En España la caída de la propiedad al 73,3 % bastó para encender las alarmas; en la Argentina ya había descendido al 65,5 % en el Censo 2022. Los hogares inquilinos pasaron del 13,9 % en 2007 al 18,4 % en 2026, y en la Ciudad de Buenos Aires son el 36,2 %. La brecha mayor está en el esfuerzo: allá, cuatro de cada diez inquilinos destinan más del 40 % de sus ingresos al alquiler; acá son siete de cada diez.
La última Encuesta Nacional Inquilina, realizada en junio por Inquilinos Agrupados y la Federación de Inquilinos Nacional, pone números a esa vida cotidiana: tres de cada diez hogares inquilinos están en emergencia habitacional, el 72,9 % arrastra deudas y más de la mitad ya no puede pagarlas. Uno de cada cinco debió mudarse por no poder afrontar el alquiler, y casi la mitad sostiene dos o más trabajos, con contratos que en ocho de cada diez casos se actualizan cada tres o cuatro meses.
La gravedad de la situación argentina se profundiza al ritmo de las decisiones negacionistas del Estado que viene tomando el presidente Milei. En menos de dos años eliminó el Procrear, que desde 2012 había otorgado más de 530.000 soluciones habitacionales; disolvió la Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda y, con ella, los programas de planificación y ordenamiento territorial que permitían a provincias y municipios contar con suelo apto para proveer vivienda asequible; liquidó el Fondo de Integración Socio Urbana y las acciones para urbanizar los 6.467 barrios populares del país, donde viven más de cinco millones de personas; y suprimió el financiamiento de la vivienda social, indispensable para dar una respuesta subsidiada a más de la mitad de la población, informal y de bajos ingresos, que el mercado nunca atenderá.
Si un país que consagró constitucionalmente la lucha contra la especulación no logró evitar la crisis, la lección no es que regular sea inútil, sino que las normas sin gestión, sin suelo público y sin recuperación efectiva de las plusvalías urbanas son promesas que el mercado se encarga de desmentir.
A diferencia de lo acontecido en España, donde el malestar ganó la calle y forzó una crisis de gobierno, la Argentina parece un pueblo bajo los efectos deletéreos del aparato comunicacional de un gobierno efectista, que nos atrapa en sus “redes”. Pero sin duda, más temprano que tarde, la realidad nos golpeará las puertas de casa.