La Ley de Protección Integral de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes no es un enunciado simbólico. Es un mandato legal del Estado panameño. La Ley N.° 285 de 15 de febrero de 2022, que crea el Sistema de Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia, establece que toda actuación pública debe regirse por el principio del interés superior del NNA, colocando su seguridad, integridad, dignidad y desarrollo por encima de cualquier cálculo político o administrativo.
Esta ley consagra que la niñez es sujeto pleno de derechos y que el Estado tiene responsabilidad directa, indelegable y prioritaria en su protección. No es una opción. Es una obligación jurídica.
En ese sistema, la SENNIAF —Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia—, adscrita al Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), tiene bajo su tutela directa a miles de niños, niñas y adolescentes, incluyendo aquellos institucionalizados en albergues estatales o privados supervisados por el Estado. Su función es proteger. Su deber es garantizar. Su responsabilidad es absoluta.
Sin embargo, desde 2021, los albergues bajo la órbita de la SENNIAF se convirtieron en uno de los puntos más críticos del sistema. Investigaciones oficiales documentaron 49 procesos por presuntas violaciones a derechos de menores, con 15 condenas, por delitos que incluyen maltrato y abuso sexual. No se trata de percepciones: son expedientes judiciales, sentencias y víctimas reales.
Hoy, el país vuelve a enfrentar prácticamente los mismos señalamientos. Las recientes denuncias formuladas por la diputada Alexandra Brenes sobre irregularidades graves en albergues —incluyendo presunto abuso sexual, maltrato al menor y omisión de funciones— describen patrones que ya habían sido denunciados y procesados años atrás. Infraestructura deteriorada, personal sin idoneidad, fallas de supervisión y negligencia institucional vuelven a aparecer con los mismos rasgos del pasado.
Esto revela un problema estructural: no es un caso aislado, es un sistema que reincide. Un modelo que promete correcciones, pero permite la repetición. Cada nueva denuncia no solo señala a funcionarios: expone el fracaso del diseño institucional.
Por eso este es un tema que no puede esperar. El interés superior del NNA no admite pausas legislativas ni cálculos políticos. Cada día sin corrección profunda es un día más de riesgo para menores bajo custodia del Estado. Cuando un niño es vulnerado en un albergue estatal, la responsabilidad es directa, no difusa.
En 2021 se propuso derogar la ley que creó la SENNIAF y, con base en el derecho comparado en América Latina, avanzar hacia la creación de un Patronato de Protección, con mayor independencia, controles más estrictos y un modelo institucional más robusto, similar al de países como Costa Rica, donde estas crisis estructurales han sido enfrentadas con reformas profundas. Esa propuesta fue bloqueada por razones políticas, no técnicas. Hoy, los hechos confirman el costo de esa decisión.
Otros países corrigieron. Panamá repite.
Otros fortalecieron sus sistemas. Panamá recicla sus fallas.
Otros cerraron grietas. Panamá sigue dejando que por ellas se filtre el abuso.
Esta no es solo una deuda administrativa. Es una deuda ética, jurídica y social. Es una deuda con niños que no tienen voz política, pero cargan con las consecuencias más graves. Mientras el modelo no cambie, los nombres de los centros cambiarán, pero los patrones se repetirán.
La protección de la niñez no puede seguir siendo discurso. Debe ser transformación estructural: reformar, derogar, crear un Patronato, fortalecer controles, profesionalizar el personal y auditar con independencia real.
No mañana. Ahora.
Porque cuando el Estado falla en proteger a un niño, no solo incumple la ley:
rompe el pacto más básico de una sociedad.
Y esa es una deuda que Panamá ya no puede seguir postergando.
JUSTO ALDÚ / Derechos reservados 2026